Reconocemos que el acceso equitativo a Internet no solo es un derecho fundamental, sino también una herramienta vital para el desarrollo económico, educativo, participativo e informativo de todas las personas.

Recalcamos que el cierre de la brecha digital, la garantía de una navegación segura y la implementación de leyes que garanticen el cumplimiento de justicia para personas que han sufrido de violencia digital, es una tarea urgente que requerirá un esfuerzo colectivo y un compromiso decidido por parte de nuestras autoridades.