Tegucigalpa. — Desde el campamento feminista “Viva Berta” frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, donde la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) instaló el campamento bajo el lema “Por la vida del pueblo garífuna” y contra la criminalización de cinco defensores garífunas acusados de usurpación agravada, continúa sus actividades como parte de la lucha de este pueblo y, después de casi dos meses desde su instalación, se ha convertido en un referente de articulación de las luchas sociales del país centroamericano.

Desde que Nasry Asfura asumiera la presidencia del país a finales del mes de enero, el Gobierno que dirige y el Congreso, controlado por el Partido Nacional, han adoptado medidas políticas que benefician principalmente a grandes terratenientes, corporaciones agroindustriales y turísticas e inversores extranjeros vinculados a proyectos tecnológicos como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES).

Entre las medidas más polémicas destacan el decreto ley de Desarrollo Agroindustrial, que ha sido cuestionado por organizaciones sociales por sus efectos sobre los defensores del territorio y los conflictos territoriales, y la reciente Ley especial para el combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, cuyo contenido ha generado preocupación por el riesgo de que determinadas acciones de protesta social puedan ser consideradas terroristas.

El pueblo garífuna se convirtió en el primer afectado por esta norma con el desalojo de una comunidad garífuna de San Juan, en Tela, el pasado 6 de julio, a pesar de que estas comunidades cuentan con el pronunciamiento favorable de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2025 que reconoce que dichos territorios ancestrales les pertenecen como propiedad colectiva.

La Corte IDH, a lo largo de 125 páginas, desgrana la historia de la lucha de estas comunidades, que solicitaron al Instituto Nacional Agrario (INA) los títulos de dominio pleno sobre territorios tradicionales. Estos fueron expedidos por el INA el 24 de enero de 2002 e inscritos en el Registro de la Propiedad de Islas de la Bahía en 2006, tras una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, aprobada el pasado mes de junio, establece que sus disposiciones “no serán aplicables en territorios indígenas y tribales reconocidos sin que previamente haya realizado la Consulta Libre Previa e Informada conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo” y que la Corte IDH ha reconocido su carácter de propiedad colectiva del pueblo garífuna, el Estado hondureño aplicó, antes de que transcurrieran 10 días de su entrada en vigor, el nuevo decreto contra la población afrodescendiente, que desde 1797 habita la costa norte hondureña, antes incluso de la independencia de Honduras.

En el desalojo fueron detenidos cinco defensores garífunas —Deinor Mejía, Irbin López, Carlos Fernández, Onil Hernández y Sara Acosta— y, posteriormente, fueron acusados de usurpación agravada, aunque actualmente se encuentran en libertad bajo medidas cautelares.

La jueza de Tela, Norma Fuentes, llegó a declararse incompetente y a remitir el expediente a un juzgado con competencia nacional especializado en criminalidad organizada, en una decisión fuertemente criticada por la OFRANEH, al considerar que esta decisión vulnera la garantía del juez natural y supone tratar una disputa territorial de una comunidad ancestral como si se tratara de una estructura criminal.
En este procedimiento, la población garífuna se enfrenta a los intereses de un dirigente liberal, Yani Rosenthal, y una empresa históricamente vinculada a su familia, denominada Promociones y Turismo S.A. de C.V. (PROMOTUR).

1.000 órdenes de desalojo pendientes de ejecución.

El 4 de septiembre, expertos independientes de Naciones Unidas pidieron al Gobierno de Honduras suspender inmediatamente más de 1.000 órdenes de desalojo que afectan a miles de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes. Los expertos cuestionaron especialmente el Decreto 107-2026, que protege determinadas tierras destinadas a actividades agroindustriales, ganaderas, energéticas y turísticas, y denunciaron que fue aprobado sin consultar a las comunidades afectadas.
Además, alertaron de que los desalojos pueden vulnerar no solo los derechos territoriales, sino también el derecho a la alimentación, ya que muchas de las tierras son utilizadas para la agricultura de subsistencia. Entre los casos señalados está el de San Juan, en Tela.
Los expertos reclamaron suspender nuevos desalojos, consultar a las comunidades sobre las disputas territoriales, investigar la violencia y garantizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. En su comunicado planteaban la contradicción entre la nueva legislación hondureña y las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos territoriales de campesinos, indígenas y afrodescendientes.

Diarrea legislativa.

La diarrea legislativa es el término político y periodístico utilizado en el país para describir la aprobación masiva y exprés de decenas de decretos y contratos en el Congreso Nacional entre finales de 2013 y enero de 2014, antes de un cambio de gobierno.

La calidad técnica de las normas fue afectada por la prisa en aprobarlas, provocando graves problemas legales y procedimentales. Entre los atropellos cometidos en aquella época se encontraba el abuso de la “Fe de Erratas”, un procedimiento que, según sus críticos, se ha vuelto a utilizar para la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, que inicialmente no incluía más que el sector agroindustrial.

Respecto al Decreto 107-2026, han surgido críticas por haberse alterado el fondo de la propuesta presentada inicialmente a debate y por adolecer de un vicio de inconstitucionalidad. Precisamente, el 24 de agosto de 2026, las organizaciones integrantes de la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras (ACAINPH) presentaron conjuntamente 16 recursos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra la aprobación de esta norma.

Ley del despojo.

Esta norma ha sido calificada por el COPINH y el CESPAD como una “ley del despojo” por considerar que criminaliza la protesta campesina e indígena, debilita la Reforma Agraria y favorece el acaparamiento de tierras por encima de los derechos históricos y ancestrales.
El desalojo de una comunidad garífuna en San Juan fue el primero que se produjo con la entrada en vigor de una ley que faculta al Ministerio Público y a la Policía Nacional para actuar ante supuestas ocupaciones o invasiones de tierras.
El medio hondureño Criterio.hn informó que el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad de Honduras están dando prioridad a las denuncias por usurpación y a los procedimientos de desalojo, en aplicación del Decreto 107-2026, la llamada Ley Agroindustrial, frente a otros delitos considerados de mayor impacto social, mediante dos circulares institucionales —la DGF No. 001-2026 del Ministerio Público y la DGPN No. 009-2026 de la Secretaría de Seguridad—, y que ya se habrían aplicado en los desalojos de San Juan, en Tela; Cayos Cochinos, en Islas de la Bahía; y El Tulito, en Choluteca.

Criminalización de los defensores.

El Decreto 107-2026, al declarar de orden público, interés y prioridad nacional la protección de actividades como la agroindustrial, ha despertado alertas entre organizaciones sociales, que consideran que sus disposiciones pueden bloquear la reforma agraria, facilitar desalojos y convertir conflictos históricos por la tierra en procesos de criminalización.

Las circulares del Ministerio Público y de la Secretaría de Seguridad que implementan el decreto, las decisiones judiciales de criminalizar y derivar a los cinco defensores de San Juan a juzgados especializados en criminalidad organizada son algunos antecedentes previos que han generado preocupación por los posibles efectos de la Ley especial para el combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el fortalecimiento del Sistema Penitenciario, que fue aprobada por el Congreso Nacional el 22 de septiembre.

En una comunicación remitida al Gobierno hondureño el 25 de agosto, varios expertos de la ONU —entre ellos los relatores sobre terrorismo y derechos humanos, defensores de derechos humanos, libertad de reunión y asociación y derechos de los campesinos— expresaron preocupaciones relacionadas con las nuevas disposiciones sobre terrorismo y sus posibles efectos sobre defensores de derechos humanos, campesinos, pueblos indígenas y libertades fundamentales.

El 17 de septiembre de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó públicamente su preocupación por las medidas anunciadas por el Gobierno hondureño, incluida la eventual declaración de determinadas estructuras criminales como asociaciones terroristas, y recordó que cualquier respuesta de seguridad debe ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos.

Supervivientes en Cayo Cochinos: el “reality” del despojo en Honduras

El programa Supervivientes, de Telecinco, que se rueda en Cayos Cochinos, en el departamento de Islas de la Bahía, en Honduras, es escenario de otro conflicto irresuelto que ha despertado protestas de la comunidad indígena garífuna. En Playa Uva, la productora del programa trasladó a sus concursantes fuera de los cayos, a la Laguna de Cacao. Esta es una reserva natural protegida que forma parte del Parque Nacional Nombre de Dios, en la zona continental de Honduras.

La noche del 14 de septiembre, en Cayo Cochinos, OFRANEH denunció que la Policía reprimió a la comunidad garífuna, que durante el día anterior había realizado un plantón pacífico contra el rodaje de Supervivientes All Stars 3, un reality show de la cadena de televisión española Telecinco. Sin mediar palabra, la policía empezó a registrar el campamento y las pertenencias de las personas que se encontraban en el mismo y, con navajas, destrozaron cinco tiendas de campaña y utilizaron las prendas para hacer una fogata. Además, robaron dinero y trece chalecos salvavidas de los allí reunidos.

El 17 de septiembre, un juzgado acordó una orden de desalojo judicial contra el plantón de resistencia en los Cayos Cochinos.

Descontento y movilizaciones ciudadanas.

El Campamento “Viva Berta” ha recibido solidaridad internacional de una Delegación Internacional de Solidaridad que visitó el campamento. Entre los participantes, el mexicano Marco Borstel, integrante de Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra México, destacó que los garífunas “defienden no solo el cuidado de ese territorio para el presente, también tiene que ver con respetar y honrar la herencia de sus antepasados y poder garantizar que las nuevas generaciones tengan un territorio sano donde vivir”.

Además, diferentes organizaciones y movimientos sociales se han comprometido a apoyar esta acampada, que se ha convertido en un referente y espacio de articulación de las luchas sociales que arrecian en Honduras después de nueve meses de gobierno de Nasry Asfura.

Las protestas en Honduras están escalando con fuerza. Además de los conflictos socioambientales y agrarios derivados de los desalojos masivos, como los iniciados contra el pueblo garífuna, el alza del precio de los combustibles y de la canasta básica, las protestas ante apagones o cortes de energía, el rechazo por la pérdida de soberanía vinculada a los proyectos de las ZEDE, la privatización en sectores estratégicos como la electricidad y conflictos laborales como el de los médicos, que llevan hasta nueve meses sin cobrar sus salarios, han despertado la movilización ciudadana con las marchas de las antorchas y las marchas de migrantes hacia EE.UU.

Lucha como garífuna.

Mientras el descontento social crece en Honduras, la OFRANEH se ha declarado en estado de resistencia pacífica frente a la institucionalidad del Estado que, según manifiesta la organización, desconoce las cuatro sentencias de la Corte IDH que protegen el territorio ancestral garífuna. La organización mantiene el campamento ante la Corte Suprema de Justicia mientras atiende diferentes amenazas en la costa caribeña, en un contexto en el que la institucionalidad hondureña redobla, según sus denuncias, las amenazas contra el movimiento social organizado.

No parece casual ni fortuito que el primero de esta campaña de desalojos fuera dirigido contra unas comunidades tradicionalmente excluidas, como lo son las garífunas, que llevan décadas de lucha a sus espaldas, tanto sociales como jurídicas para preservar estos territorios. Después de despreciar e incumplir por más de 10 años los pronunciamientos de la Corte IDH, que el actual Gobierno iniciase una campaña de desalojos y criminalización por un pueblo nativo que cuenta con el reconocimiento internacional de sus pretensiones parece un gesto de prepotencia y un aviso al resto de comunidades que, en muchos casos, no cuentan con el respaldo y solidez que los garífunas tienen reconocido.

Apoyar el campamento feminista “Viva Berta” y la lucha garífuna es hacer frente a la estrategia del despojo que encabeza un Estado que representa los intereses de una clase minoritaria que históricamente explota y oprime la mayoría del pueblo hondureño.