Tegucigalpa. — El martes 15 de septiembre, mientras Honduras y Centroamérica conmemoraban los 205 años de su independencia con desfiles y celebraciones en todo el país, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) continuaba con las actividades del campamento de resistencia que mantiene frente a la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, bajo el lema “Por la vida del pueblo garífuna” y contra la criminalización de cinco defensores garífunas acusados de usurpación agravada.
La OFRANEH y numerosos movimientos sociales sostienen que no están invadiendo predios, sino recuperando tierra ancestral que históricamente les pertenece ante el incumplimiento del Estado hondureño de las sentencias de la Corte Interamericana que lo obligan a reconocer como propiedad colectiva del pueblo garífuna diferentes territorios de la costa caribe hondureña.
Día de la independencia
En su discurso oficial en el Estadio Nacional, el presidente Nasry Asfura afirmó que la Independencia «no es un día político», sino una fecha que pertenece a Honduras, ignorando la dimensión esencialmente política que tuvo la emancipación de España.
“Pongamos a Honduras primero” dijo el presidente, en una especie de guiño trumpista al mandatario estadounidense señalado de favorecer y decantar las elecciones del pasado 2025 en favor del político del Partido Nacional. «La verdadera independencia la tenemos que lograr trabajando», expresó; añadiendo que, para ello, hay que facilitar las cosas a quienes quieren producir, dar seguridad jurídica a la gente para que venga a invertir, al capital hondureño y extranjero, esa es la única manera de que podemos atraer la inversión, “ser unos facilitadores”.
Durante estos ocho meses de gobierno, la labor del actual ejecutivo se ha caracterizado precisamente por favorecer la entrega de la soberanía y bienes naturales del país a grandes empresarios nacionales e intereses extranjeros.
La Ley Agroindustrial, la reactivación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y la alineación incondicional del Gobierno con EE.UU. e Israel son algunos ejemplos de una política cuestionada por organizaciones y movimientos sociales hondureños.
Aunque en su discurso Asfura reivindicaba la seguridad jurídica para el capital omitió que esta va acompañada de la represión policial y judicial frente a históricas reivindicaciones territoriales y del anuncio de más de un millar de órdenes de desalojo contra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Las vulneraciones de los derechos de estos grupos sociales que se encuentran entre las poblaciones más vulnerables del país constituyen una de las principales consecuencias de estas políticas de facilitación de la inversión privada.
En cambio, para la coordinadora de la OFRANEH Miriam Miranda esta es una fecha más en que se ha venido celebrando una independencia que no existe, establecida por los estados: “Nosotros como país somos absolutamente dependientes porque seguimos siendo colonizados, colonizadas, es un país colonizado totalmente y, hoy más que nunca, no debería celebrarse ni conmemorarse”.
“¿Cómo vamos a hablar de independencia cuando la soberanía está totalmente capturada? Prueba de ello es lo que significa ese proyecto de neoliberal, fascista, de las ciudades modelo, zonas especiales de desarrollo. Nos parece que es una falacia. Deberíamos como país, movimiento social y sobre todo como pueblo hondureño comenzar a cuestionarnos esta fecha definitivamente, cuestionarnos lo que pasa, la han establecido como una fecha de consumo. El 15 de septiembre, los gobiernos de turno, cualquiera que sea, hacen una pantalla y un show mediático de una falsa independencia”, precisa la lideresa garífuna.
Campamento “Viva Berta”
Este campamento, instalado desde el 10 de agosto frente a la Corte Suprema de Justicia, ha convertido en conflicto nacional una disputa territorial que enfrenta desde hace más de 20 años a la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, con intereses privados sobre sus tierras ancestrales.
La OFRANEH reclama el cierre del proceso penal contra cinco defensores detenidos tras un desalojo policial y exige al Estado hondureño que cumpla las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al mismo tiempo, la organización denuncia la posible existencia de un conflicto de intereses por la relación política entre el presidente de la Corte, Wagner Vallecillo Paredes, y el dirigente liberal Yani Rosenthal, mientras una empresa históricamente vinculada a la familia Rosenthal, denominada Promociones y Turismo S.A. de C.V. (PROMOTUR), aparece en los antecedentes de la disputa territorial.
A pesar de la sentencia de la Corte IDH que reconoció en 2023 los derechos territoriales de la comunidad de San Juan, el pasado 6 de julio de 2026 la Policía Nacional desalojó a la fuerza a integrantes de la comunidad de San Juan que ocupaban un terreno de aproximadamente nueve manzanas.
Cinco defensores garífunas —Deinor Mejía, Irbin López, Carlos Fernández, Onil Hernández y Sara Acosta— fueron detenidos y acusados posteriormente de usurpación agravada.
Para realizar el desalojo fue esencial la entrada en vigor de la nueva legislación agraria hondureña, utilizada por las autoridades para consumar la actuación, a pesar de que la comunidad cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2023 que reconoce sus derechos territoriales y obliga al Estado hondureño a adoptar medidas para garantizar su protección.
Para OFRANEH, no se trata de una ocupación ilegal de tierras privadas, sino de la defensa de territorio ancestral garífuna. La organización sostiene que el terreno forma parte del territorio reconocido a la comunidad y que el proceso penal constituye una forma de criminalización de sus dirigentes y defensores.
Un conflicto que tiene casi veinte años
La disputa territorial de San Juan se remonta, al menos, a los procesos de titulación de tierras desarrollados durante las últimas dos décadas cuando el Instituto Nacional Agrario excluyó de las tierras reconocidas a la comunidad 172 hectáreas y 80 áreas que consideraba pertenecientes a PROMOTUR, sociedad vinculada empresarialmente a Jaime Rosenthal Oliva, banquero y político hondureño fallecido en 2019.
La Corte Interamericana al examinar la situación territorial de la comunidad estableció la responsabilidad internacional de Honduras por la vulneración de sus derechos.
La sombra de los Rosenthal sobre la Corte Suprema
El actual presidente de la Corte Suprema fue elegido magistrado en 2023 como integrante de la cuota del Partido Liberal, dentro del acuerdo político alcanzado en el Congreso para elegir a los quince miembros del máximo tribunal.
En aquel momento, Yani Rosenthal era presidente del Partido Liberal y Vallecillo llegó a la Corte dentro de la representación liberal negociada políticamente mientras Rosenthal dirigía el partido.
En 2024, Yani Rosenthal, hijo de Jaime Rosenthal, reconoció haber hablado personalmente con Vallecillo sobre la composición de las salas de la Corte Suprema.
La cercanía política entre ambos podría afectar la resolución de la disputa territorial de San Juan y aviva la desconfianza en las instituciones involucradas en la resolución de este conflicto.
Criminalización de la defensa del territorio
Después del desalojo del 6 de julio, la controversia territorial pasó a convertirse también en un proceso penal. Los cinco defensores fueron puestos a disposición judicial y posteriormente quedaron en libertad bajo medidas cautelares.
La decisión de la jueza de Tela, Norma Fuentes, al declararse incompetente y remitir el expediente a un juzgado con competencia nacional especializado en criminalidad organizada, fue criticada por la OFRANEH, al considerar que esta decisión vulnera la garantía del juez natural y supone tratar una disputa territorial de una comunidad ancestral como si se tratara de una estructura criminal.
Aunque la defensa ha presentado sucesivos recursos contra el traslado del caso a la jurisdicción especializada, antes del desalojo había acudido a la jurisdicción constitucional: el 16 de junio presentó un hábeas corpus preventivo y el 30 de junio, un recurso de amparo colectivo.
Relatores de Naciones Unidas piden suspensión desalojos
El 4 de septiembre, expertos independientes de Naciones Unidas pidieron al Gobierno de Honduras suspender inmediatamente más de 1.000 órdenes de desalojo que afectan a miles de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Cuestionaron especialmente el Decreto 107-2026, que protege determinadas tierras destinadas a actividades agroindustriales, ganaderas, energéticas y turísticas, y denunciaron que fue aprobado sin consultar a las comunidades afectadas.
Además, alertaron de que los desalojos pueden vulnerar no solo los derechos territoriales, sino también el derecho a la alimentación, ya que muchas de las tierras son utilizadas para la agricultura de subsistencia. Entre los casos señalados está el de San Juan, en Tela.
Los expertos reclamaron suspender nuevos desalojos, consultar a las comunidades sobre las disputas territoriales, investigar la violencia y garantizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana.
El comunicado plantea la contradicción entre la nueva legislación hondureña y las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos territoriales de campesinos, indígenas y afrodescendientes.
Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras
El desalojo de una comunidad garífuna en San Juan fue el primero que se produjo con la entrada en vigor de una ley que faculta al Ministerio Público y a la Policía Nacional para actuar ante supuestas ocupaciones o invasiones de tierras.
El problema, según denuncian organizaciones sociales y expertos, es que la norma no respetó ni los cauces constitucionales ni los compromisos internacionales asumidos por el Estado hondureño. Durante su tramitación se amplió el número de beneficiarios de la disposición incluyendo a los sectores energético y turístico y se cambio su denominación.
El 24 de agosto de 2026, las organizaciones integrantes de la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras (ACAINPH) presentaron conjuntamente 16 recursos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra la aprobación de esta norma.
Aunque la normativa incorporó una supuesta salvaguarda para excluir de su aplicación a los territorios indígenas y afrodescendientes, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) advirtió desde un inicio que esa protección quedaría en papel mojado.
Rony Castillo, integrante de la organización, señaló que incluso una circular distribuida por la Policía antes de la entrada en vigor de la ley establecía expresamente que no debía aplicarse en comunidades indígenas y garífunas, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, aseguró que durante el operativo en San Juan esa disposición fue ignorada.
Doble vara de medir judicial
En una rueda de prensa celebrada el pasado 8 de septiembre, Miriam Miranda afirmó que «no nos vamos a someter a ningún sistema judicial parcializado, corrupto, asesino, en el cual se privilegian los intereses de la empresa privada, de los delincuentes, de los mafiosos». Esta decisión no supone abandonar la defensa de los acusados, sino la negativa a «convalidar una simulación jurídica y una emboscada procesal», y vinculó esa denuncia con los intereses de PROMOTUR y la familia Rosenthal Hidalgo. Aunque el campamento “Viva Berta” se mantiene ante la Corte Suprema de Justicia, Miranda anunció que la movilización se extendería a la bahía de Tela.
Desde la entrada del nuevo Gobierno de Asfura, la Justicia hondureña, además de perseguir a las comunidades campesinas, indígenas y garífunas, estaría tomando decisiones que favorecen un marco de impunidad para empresarios y políticos involucrados en casos de despojo y corrupción.
El 1 de septiembre de 2026, un juez hondureño sobreseyó definitivamente a Juan Orlando Hernández en el proceso por fraude y lavado de activos relacionado con el caso Pandora, solo dos meses después de que Hernández regresara a Honduras tras haber recibido un indulto de Donald Trump, después de su condena de 45 años en Estados Unidos por narcotráfico.
En el caso del asesinato del líder ambiental Juan López, ocurrido hace dos años, el 14 de septiembre de 2024, dos de los tres presuntos autores materiales se encuentran bajo arresto domiciliario, y Lenir Pérez, señalado de ser el responsable intelectual de este crimen, permanece en libertad después de que se revocara la orden de captura en su contra, en un procedimiento que no avanza.
Cuatro sentencias y un campamento
Las reivindicaciones de OFRANEH incluyen el cumplimiento integral de las cuatro sentencias de la Corte IDH relativas a Punta Piedra, Triunfo de la Cruz, San Juan y Cayos Cochinos, ya que estas comunidades, a pesar de la lucha social y éxitos ante la justicia internacional, están siendo despojadas de gran parte de su territorio con el transcurso de los años.
Este año, después de las elecciones de 2025, con el cambio en la Presidencia y un nuevo Congreso, los ataques a las comunidades campesinas, indígenas y garífunas han aumentado, según denuncian las organizaciones sociales y de derechos humanos.
Una semana después del desalojo de San Juan, Erik Prince, fundador de la empresa de mercenarios Blackwater, fue señalado de participar en el conflicto territorial de Tornabé, cuando llegó en compañía de varios hombres fuertemente armados a la comunidad en vehículos sin placas.
La noche del 14 de septiembre, en Cayo Cochinos, OFRANEH denunció que la Policía reprimió a la comunidad garífuna, que durante el día anterior había realizado un plantón pacífico contra el rodaje de Supervivientes All Stars 3, un reality show de la cadena de televisión española Telecinco. Sin mediar palabra la policía empezó a registrar el campamento y las pertenencias de las personas que se encontraban en el mismo y con navajas destrozaron cinco tiendas de campaña y usaron las prendas para hacer una fogata, además robaron dinero y trece chalecos salvavidas de los allí reunidos.
En este contexto, Miriam Miranda denunció este mes que el pueblo garífuna está sufriendo un proceso que calificó de “genocidio cultural”, en referencia al despojo de sus territorios ancestrales, los desalojos, la criminalización de sus dirigentes y la pérdida de espacios esenciales para la reproducción de su cultura.
Soberanía y pueblo garífuna
Preguntada por el significado de la soberanía para la OFRANEH en el día de la independencia contesta que esta tiene un contenido profundo, se trata de construir la autodeterminación en la cual puedan tomar sus propias decisiones, fortalecer su forma y sistema de gobierno: “Nosotros no necesitamos que otra persona, institución o cualquier organización nos de nuestra soberanía, la ejercemos desde las comunidades cuando tomamos nuestras propias determinaciones desde las comunidades, desde las organizaciones o sea no es algo que nosotros queremos que nos reconozcan que somos soberanos o soberanas, no, eso se ejerce en la práctica”
“La OFRANEH ha demostrado en este país que sí ejercemos la soberanía porque tomamos nuestras propias decisiones y por supuesto eso tiene un costo político fuerte; porque la guerra racial que hay de odio racial que hay contra la OFRANEH precisamente se debe a que tenemos la capacidad de expresarnos, la soberanía es algo que que tiene que ver con muchas cosas, no solamente la economía, es que tú puedas también construir una forma de gobierno diferente en la cual podrás realmente ejercer la libre autodeterminación […] Eso es soberanía, ser soberano. Ese es un concepto blanco ¿Verdad? Occidental. Pero tiene que ver con el derecho que tenemos como pueblo a tomar nuestras propias determinaciones. Aún a costa de lo que puedan decir.”, concluye la dirigente garífuna.